Cuando las piezas no encajan. De lo que está bien en teoría pero no funciona en la práctica

492

Cuando se revisa la normativa relacionada con la prevención del riesgo de contagio por COVID-19 en los centros educativos, da la sensación de que nuestros próceres han ajustado la norma a la situación de riesgo cero. Tantos meses de planificación solo han servido para rellenar algunas páginas de los boletines oficiales con una normativa que normaliza la convivencia en los centros educativos como si, por arte de magia, hubiésemos vuelto a la situación en la que se decretó el confinamiento y cierre de los centros escolares. Septiembre y octubre se han confirmado como una continuación normalizada de la segunda semana de marzo.

Pero la realidad es tozuda, apenas llevamos unas semanas de colegio y los contagios se están multiplicando por toda la geografía española, y en particular por la andaluza.

El 8 de junio de 2020, se publicó un procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV2, en el que se cataloga a los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, por defecto, en el nivel 1. El nivel 1, el más bajo, se establece como similar a la situación de contagio comunitario y se presupone que se desarrolla en áreas no afectadas por COVID. A continuación, se establece que esta catalogación no precisa ni adaptación ni cambio de puesto. Es decir, aquellos y aquellas trabajadoras que padezcan patologías cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, obesidad mórbida, y aquellas trabajadoras que estén embarazadas y las personas mayores de 60 años, a pesar de pertenecer a grupos vulnerables deben seguir desempeñando su trabajo escolar con normalidad.

Y es cierto que estos trabajadores y trabajadoras podrían desempeñar con seguridad sus funciones si la situación de los centros educativos estuviese controlada milimétricamente. ¿Es esta la situación de los colegios andaluces?

De lo que está bien sobre el papel, pero luego no funciona en la práctica.

Durante muchos meses la mayoría de los equipos directivos de los centros educativos se han devanado los sesos intentando resolver el tetris organizativo de cada centro. Y se han encontrado con demasiados problemas: aulas y espacios muy pequeños para las ratios asignadas por grupo, y como consecuencia, la imposibilidad de garantizar la distancia de seguridad entre el alumnado; infraestructuras inadecuadas para garantizar el aseo de manos diario recomendado para todo el alumnado; espacios de tránsito, como los pasillos, insuficientes para salvaguardar con garantías la distancia mínima de seguridad; infradotación de recursos tecnológicos, etc. Pero hay una circunstancia decisiva que se ha marginado sobre el papel. Los destinatarios de la enseñanza son los niños y los adolescentes. Y su realidad escolar se limita a la jornada escolar. Hay vida más allá de la escuela y la supuesta nueva normalidad ha significado, en la práctica, la recuperación de su socialización. Es decir, asisten a fiestas, cumpleaños, clases particulares, actividades formativas complementarias de todo tipo, y se relacionan con sus iguales, en muchos casos, liberándose de la mascarilla. Además, la literatura científica que se va acumulando sobre el virus subraya, negro sobre blanco, que muchos niños y adolescentes se convertirán en contagiadores asintomáticos.

¿Es posible, en estas circunstancias, garantizar la prevención del riesgo de contagio de todos los miembros de la comunidad educativa en general y, en particular, de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables? ¿Se puede seguir insistiendo en que el riesgo de contagio en los colegios es bajo? Por desgracia, la realidad terminará dando respuesta a estas preguntas en unas semanas o meses. Pero mientras tanto, el experimento mental normativo de evaluar los colegios como espacios controlados y con riesgo bajo de contagio puede tener consecuencias desafortunadas, en especial para el personal vulnerable.

Por ello, desde FASE-CGT estamos estudiando iniciar acciones de todo tipo incluidas las judiciales contra las personas del nivel que sea responsables de esta situación.