CGT exige al gobierno central que impugne el nuevo Decreto Ley sobre Escolarización de la Junta de Andalucía

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La Federación de Enseñanza de la CGT exige al Gobierno central que impugne el nuevo Decreto Ley sobre Escolarización aprobado el martes pasado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por vulnerar abiertamente la nueva ley educativa (LOMLOE). Puede ocurrir algo similar en otras comunidades.

El Decreto de Escolarización de la Junta, al mantener el principio de la llamada “demanda social” como un criterio a la hora de concertar con centros privados, pretende blindar la financiación pública de los centros privados y que los recortes recaigan solo en la escuela pública.

Este mecanismo ha permitido que en los últimos años el cierre de unidades y centros completos, como consecuencia de la bajada de natalidad, haya repercutido únicamente en la escuela pública andaluza (en 2. º Ciclo de Infantil se pierden 1488 unidades). Mientras, las unidades concertadas de 2. º Ciclo de Infantil no solo se han mantenido, sino que han aumentado en 33.

Se trata, en primer lugar, de un argumento falaz, puesto que dicha “demanda” solo se aplica a los centros privados, no a los públicos, que ven recortadas sus unidades en el proceso de planificación previo. Muchas de sus unidades no son ofertadas, por lo que las familias no pueden solicitar estos centros. Así, cada año se cierran numerosas unidades de centros públicos a pesar de tener solicitudes suficientes para llenarlas. Se trata, por tanto, de un evidente trato discriminatorio hacia la escuela pública.

Pero, sobre todo, se trata de un mecanismo que impide una planificación educativa adecuada y equilibrada, que crea guetos y que concentra los problemas en determinados centros, hecho de enorme gravedad que impide, en la práctica, la inclusión y el derecho a la educación de calidad para todos y todas, como establece nuestro ordenamiento jurídico.

La eliminación de esta lacra del sistema educativo llamada “demanda social” es una de las pocas mejoras que introduce la nueva ley educativa (LOMLOE). Por eso, desde CGT exigimos al Gobierno estatal que haga cumplir la ley y no permita su conculcación por parte de la Junta de Andalucía. Es urgente que analice la normativa andaluza para delimitar si es compatible o entra en contradicción con los principios básicos de la nueva norma del ministerio y, llegado el caso, impugne dicho decreto ley, ya que no hacerlo significaría que la LOMLOE es una simple continuación de la LOMCE y que se va a permitir la progresiva privatización y desmantelamiento de la escuela pública.